Blog de ASCOM

Prevención de blanqueo de capitales: exigencia de establecimiento de canales de denuncia interna de conductas contrarias a la ley para sujetos obligados

Escrito por César Martín, socio de ASCOM.

Con fecha 4 de septiembre de 2018 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018 de transposición de directivas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el fin de que España se adapte a la Directiva (UE) 2015/849.

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Canal de denuncia como un elemento más de un sistema de gestión de Compliance idóneo y eficaz

Escrito por Jordi Dapeña Esquirol, socio de ASCOM.

El pasado 23 de abril de 2018, la Comisión Europea hizo pública la propuesta de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europa, que en el marco de la lucha contra las actividades ilegales en todas sus formas, desde la corrupción o el fraude hasta la mala praxis o negligencia, en el seno de las organizaciones públicas y privadas, regula un “estatuto legal de protección del denunciante” que elevará el nivel de protección de los trabajadores, en consonancia con los Derechos Sociales Europeos (Pillar of Socials Rights).

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La tecnología en la Due Diligence de las empresas de servicios si eres Compliance Officer

Escrito por Carmen Alegría, socia de ASCOM.

La debida diligencia (Due Diligence), es el procedimiento que subyace a todo programa de cumplimiento normativo o Compliance Program, y que regula la relación de las empresas con cualquier tercero o “socio comercial” como lo describe la ISO 19600 o la UNE 19601. El objetivo de este procedimiento es contar con la trazabilidad de las medidas de control adoptadas a lo largo del proceso de selección, contratación y seguimiento de las relaciones que tenemos con terceros (entre ellos podemos destacar a los proveedores, colaboradores y clientes, entre otros).

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Conveniencia y obligatoriedad de los canales de denuncia

Escrito por César Martin Polvorinos, socio de ASCOM.

El pasado 23 de abril, la Comisión Europea anunció la iniciativa política sobre protección a denunciantes de la legislación europea y su plasmación jurídica en un proyecto de Directiva que presumiblemente entrará en vigor dentro de 2 años.

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El Compliance Officer: la conciencia de la empresa

Artículo escrito por Sylvia Enseñat de Carlos, presidenta de ASCOM, publicado en EFE el 12-4-18. La función de Compliance nace a mediados del siglo pasado en Estados Unidos y paulatinamente se va extendiendo a todos los países occidentales. Concretamente en España, en el sector financiero, por ejemplo, desde noviembre de 2007 con la entrada en…

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El “Compliance” y las Ciencias Sociales

Artículo escrito por José Zamarriego Izquierdo, vicepresidente primero de ASCOM, publicado en Confilegal el 23-3-18. La sociedad exige cada vez más que las organizaciones verifiquen su capacidad de desarrollar planes demostrando que los posibles incumplimientos no se deben a negligencias internas y que se han puesto los medios para evitarlas. Leer artículo completo

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Investigación privada aplicada a procesos de Compliance

Escrito por César Martin Polvorinos, socio de ASCOM.

Aunque la responsabilidad penal de la persona jurídica ya viene recogida en la reforma del Código Penal de 2010, es a partir de 2015 cuando coge impulso, con la nueva redacción del art. 31 bis, que viene a imponer a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control efectivas para la prevención de comisión de delitos y la detección e investigación de posibles ilícitos de sus empleados.

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Responsabilidad penal de la persona jurídica y la necesaria inclusión de los delitos de administración desleal y de apropiación indebida

Escrito por Fernando Osuna, socio de ASCOM.

En la próxima reforma del CP los delitos de administración desleal y apropiación indebida deben ser incluidos dentro del sistema de numerus clausus que sirve para dar cobertura a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

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¿Puede la compañía matriz ser responsable penalmente de los ilícitos penales cometidos en su filial?

Escrito por Fernando Osuna, socio de ASCOM.

I.- Introducción: Concepto de beneficio directo o indirecto
El art. 31 bis CP establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas (i) por los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho o por sus representantes legales, siempre que exista un beneficio directo o indirecto para la empresa, y (ii) cuando no se haya ejercido por parte de éstos el debido control sobre sus subordinados (es decir, aquéllos sobre los que se posea un deber de dirección, supervisión, vigilancia o control (art. 31 bis 1 b CP).

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A vueltas con la responsabilidad penal del Chief Compliance Officer

Escrito por Fernando Osuna, socio de ASCOM.

Como es sabido, con la reforma del Código Penal 2010 (LO 5/2010, de 22 de junio) se erradicó el societas delinquere non potest, tendencia que se amplió en 2015 (LO 1/2015, de 30 de marzo) con la introducción de los Compliance Programs (ex art. 31 bis CP), que han de ser implementados y supervisados por el denominado Chief Compliance Officer (CCO u Oficial de Cumplimiento).

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Partidos políticos y Compliance Officer

Escrito por Gustavo A. Matos Expósito, socio de ASCOM.

En el año 2016 el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid dictó resolución por la que por primera vez en nuestro país un partido político era formalmente imputado en un procedimiento penal, estrenado con ello la modificación legal introducida por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, e introdujo la responsabilidad penal de los partidos políticos y los sindicatos, acabando así con el privilegio que hasta ese momento determinaba la inimputabilidad criminal de las organizaciones políticas.

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Una nueva espada de Damocles pende sobre administradores y directivos

Escrito por Vicenç Urrutia Ricart, socio de ASCOM.

Hasta el año 2010, la lógica de nuestro sistema jurídico entendía que sólo se podían pedir responsabilidades penales a las personas físicas, ya que las personas jurídicas no podían cometer delitos, sino que éstos sólo podían ser cometidos por individuos.

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