Conveniencia y obligatoriedad de los canales de denuncia

Escrito por César Martin Polvorinos, socio de ASCOM.

Obligatoriedad

El pasado 23 de abril, la Comisión Europea anunció la iniciativa política sobre protección a denunciantes de la legislación europea y su plasmación jurídica en un proyecto de Directiva que presumiblemente entrará en vigor dentro de 2 años.

Entiende la Comisión que los denunciantes tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes. Pretende la UE que los ciudadanos se sientan legalmente protegidos (ausencia de represalias), para denunciar aquellos casos de corrupción y actividades delictivas o fraudulentas que puedan conocer, garantizando seguridad jurídica tanto para denunciante, como para denunciado y penalizando las posibles denuncias falsas que pudieran producirse de manera malintencionada.

Se considerará un proceso en tres niveles; primero en las vías internas de cada organización. Si este no resultara efectivo o pudiera poner en peligro el interés general, se podrá recurrir a las autoridades competentes y finalmente a los medios de comunicación en caso de que estas no tomaran medidas.

Se impondrá la obligatoriedad de establecer canales éticos tanto en el sector privado (personas jurídicas con mas de 50 empleados o 10 M. de euros de facturación anual) como en instituciones públicas y ayuntamientos con mas de 10.000 habitantes.

La persona jurídica tendrá la obligación de garantizar la confidencialidad del denunciante (salvo que se acredite falsedad en la denuncia) y responder en un plazo máximo de 3 meses.

Conveniencia

En España, sin normativa aún de protección al delator, ya funcionan canales éticos (pocos y en muchas ocasiones sin suficiente medidas de seguridad, eficacia, fácil acceso, publicidad y generación de evidencias). Su implantación se potencia sobre todo con la reforma del Código Penal de 2015, imponiéndose la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el modelo de prevención.

Así mismo lo recomienda tanto la norma ISO 19600 como la Fiscalía General del Estado, dando esta mayor relevancia a la implantación por parte de un tercero independiente, ajeno a la organización (Circular 1/2016 FGE). Y diferentes estudios lo reconocen como la mas eficaz medida de control de actos delictivos y anticorrupción.

Si bien en nuestro país, a día de hoy, la normativa de protección de datos permite la implantación de canales internos de denuncia confidenciales pero no anónimos según la AEPD, previsiblemente su funcionamiento, modo y plazos de tratamiento de datos e investigación serán modificados, como contempla en su art. 24 el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, de inminente entrada en vigor para adaptarse al Reglamento Europeo.

Así, se potenciará la protección del informador, permitiendo la denuncia anónima y estableciendo el menor tiempo posible (máximo tres meses) para dar respuesta y suprimir del

sistema los datos de carácter personal, pudiéndolos llevar a un entorno distinto si la investigación lo requiere.

Parece pues indiscutible, la aportación de valor de los canales de denuncia, tanto en la sociedad en general, como en administraciones públicas y organizaciones empresariales. No solo por suponer una eficaz medida de control para la exención de la RPPJ, si no como medio anticorrupción que demuestre el compromiso ético de la institución que lo posea, amén de posibilitar el conocimiento de un acto fraudulento para su corrección, antes de que salga a la luz pública y afecte a la reputación de la compañía.