Investigación privada aplicada a procesos de Compliance

Escrito por César Martin Polvorinos, socio de ASCOM.

 

Aunque la responsabilidad penal de la persona jurídica ya viene recogida en la reforma del Código Penal de 2010, es a partir de 2015 cuando coge impulso, con la nueva redacción del art. 31 bis, que viene a imponer a la empresa la obligación (sancionable) de establecer medidas de control efectivas para la prevención de comisión de delitos y la detección e investigación de posibles ilícitos de sus empleados.

En el elenco de “medidas de control efectivas”, cobra cada vez mayor importancia la implantación y gestión de canales de denuncia, a través de los cuales los empleados o terceros relacionados puedan comunicar, de forma confidencial, segura y con garantías de no represalias, cualquier actividad o irregularidad que contravenga el código ético previamente establecido por la compañía. Así, el canal ético (y su acreditado correcto funcionamiento), no solamente ayudará a demostrar el compromiso ético de la empresa y a merecer la atenuación o exención de la RPPJ, ante un hipotético procedimiento judicial en el que se vea inmersa, sino que además le permitirá conocer tales hechos y corregirlos antes de que estos salgan a la luz y perjudiquen su reputación.

El problema que ya se está encontrando el Compliance Officer o Comités de Compliance, es qué hacer cuando llega una denuncia; ¿Quién ejerce de instructor?. No es fácil ni agradable enfrentarte al infractor, sobre todo si es compañero. Y los miembros del Comité en muchas ocasiones no lo son por voluntad propia, o carecen de tiempo y formación suficiente en la materia.

Por otro lado, ¿quién y cómo se realiza la investigación interna?. Con frecuencia, se recurre a la entrevista personal o al análisis forense de los correos corporativos (Siempre y cuando el dispositivo sea propiedad del empleador, se haya informado previamente al empleado de su restricción para uso personal y el correo esté abierto).

Sin embargo, hay muchas otras estrategias y herramientas de investigación privada, que en ocasiones son necesarias y mucho más eficaces que las ya mencionadas, para abordar con éxito una investigación: Seguimientos, subterfugios, infiltración de agentes en puestos clave..y todas ellas reservadas, por ley, al detective privado legalmente habilitado.

La figura del detective privado y sus funciones vienen reguladas en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que le confiere exclusividad para realizar investigación privada. La citada ley establece en su art. 48.1 que “los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: a) los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero”. Abundando, en su art. 5 establece: “los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios de investigación privada…”

Además de legitimado para investigar, el detective privado está exento de cumplir con el deber de informar previamente a los investigados de que pueden ser objeto de investigación, según resoluciones de la AEPD.

Resultaría ciertamente llamativo y chocante, que un departamento o profesional dedicado al cumplimiento normativo legal, incumpliese con la normativa española a la hora de contratar servicios de investigación no autorizados.

En España, uno de los países a nivel mundial con mayor exigencia en la materia, en cuanto a formación y regulación, las investigaciones corporativas vienen realizándose por el detective privado desde mediados del siglo pasado. Y sus informes son ratificados a diario ante los juzgados competentes, siendo en ocasiones único medio de prueba con el que puede contar la parte.

Por todo ello, la investigación privada y la figura del detective que desarrolla su función, se convierte en un aliado perfecto en las distintas fases de un proceso de compliance, desde la prevención inicial (informes de Due Diligence reputacional o de cumplimiento y Background screening de empleados), hasta la detección de actuaciones ilícitas, incluso hasta el final del proceso, realizando investigaciones internas que supongan circunstancias atenuantes de la RPPJ.